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13 Marzo del 2018 a las 09:56 am

Nuevos planes del MTC en Chinchero: ¿Qué dicen los expertos?

La semana pasada, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra, anunció que el aeropuerto internacional de Chinchero ya no será ejecutado como una asociación público-privada (APP), sino que se construirá, al menos en sus primeras etapas, bajo la modalidad de obra pública y luego se concesionará su operación y mantenimiento.

El funcionario precisó, a través de su cuenta de Twitter, que la primera etapa de las obras comprenderá las que se ejecuten por obra pública: el movimiento de tierras, la construcción del cerco periférico y de la pista de aterrizaje. En tanto, sostuvo que la modalidad de ejecución del terminal aéreo todavía está en evaluación. La operación y el mantenimiento de la infraestructura sí estarán a cargo de un concesionario.

Con el mecanismo de obra pública, el Estado corre con todos los gastos y riesgos durante la construcción de un proyecto. Culminada esta etapa, puede conservar o licitar la operación y mantenimiento de la misma.

El modelo clásico de APP, por su lado, contempla que una empresa privada financie la construcción de un proyecto y recupere su inversión durante la vida de la concesión, en la que se encarga de la operación y el mantenimiento. En el Perú, además, existen las APP cofinanciadas, en aquellos casos en los que se determina que el proyecto no será sostenible únicamente con los flujos que genere, por lo cual el Estado aporta recursos.

¿Cuándo apostar por una obra pública y cuándo hacerlo por una modalidad de APP para un proyecto de inversión en infraestructura? Una metodología para evaluar esta decisión, incorporada en los últimos años en el marco legal de requisitos para una APP, es el denominado análisis de valor por dinero (VpD), que valoriza los flujos y los riesgos para determinar la mejor manera de aprovechar los recursos del fisco.

En el caso de Chinchero, el VpD realizado en el 2013 por la consultora española ALG Europraxis como parte del estudio de factibilidad para Pro Inversión determinó que la alternativa de una APP cofinanciada generaba ahorros al Estado por US$151,9 millones en valor presente.

Más allá del terminal cusqueño, José Luis Guasch, ex jefe de la Unidad de Expertos Globales en APP del Banco Mundial, explica que las APP transfieren riesgos al privado –como la posibilidad de que surjan sobrecostos– y generan los incentivos en la etapa de construcción para que los costos de operación y mantenimiento futuros sean los más bajos.

Esto último no necesariamente ocurre con las obras públicas, pues quien construye no opera ni mantiene la obra, así que no piensa necesariamente en las eficiencias futuras.

“El promedio de sobrecostos en obras públicas en América Latina está entre 40% y 50% del monto total del proyecto”, explica Guasch.

Otra ventaja usual de las APP es que disminuyen la carga fiscal que debe asumir el Estado, visibilizando que se hagan más obras a la vez. Por ejemplo, en el caso de Chinchero, el diseño original del contrato establecía que el Estado desembolsaría una parte importante del cofinanciamiento a lo largo de 15 años después de que la obra estuviera lista. En cambio, como obra pública, el Estado deberá asumir la totalidad del gasto conforme avance la obra.

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